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¿Logramos las mujeres avanzar
en representación política en Antioquia?

 
   

Pese a la variación de la participación y representación política de las mujeres frente al cuatrienio anterior, es importante resaltar que en los últimos 20 años hemos avanzado hacia el posicionamiento de las mujeres en los escenarios de poder. Sin embargo, después de tres periodos electorales aplicándose la ley de cuotas, aún no logramos que los partidos políticos rompan el techo de cristal.

 
 
Laura Escobar Hoyos1 y Keren Marín González2
 
 
Corporación para la Vida Mujeres que Crean – Plataforma SEPA
   
 

El pasado 27 de octubre se celebró, a nivel nacional, las elecciones regionales para el periodo 2020-2023. Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 117.822 candidaturas a las distintas corporaciones, 43.824 candidaturas eran de mujeres. En términos departamentales la participación de las mujeres aumentó un 2,3% respecto a las elecciones del 2015, año en el cual, de 465 candidaturas a las alcaldías municipales, solo 65 fueron de mujeres, lo que representó el 13.9%; mientras que, en las elecciones de 2019, de 499 candidaturas a las alcaldías municipales, 81 fueron de mujeres, es decir el 16.2%.

Las subregiones donde aumentó la participación femenina son el Valle de Aburrá, el Magdalena Medio, el Suroeste y el Oriente. En el Norte y Occidente la participación se mantuvo estable, mientras que el Nordeste fue la única subregión que disminuyó en número de candidaturas femeninas para el 2019.

Este incremento en la participación femenina puede leerse como un avance en la aplicación y exigibilidad a la ley 1475/2011. Sin embargo, una alta participación en la contienda electoral no significa, en modo alguno, mayor representación de las mujeres en los escenarios de poder. En el caso de Antioquia, el número de mujeres electas para ocupar cargos en las Alcaldías municipales descendió en un 25% en el lapso de 4 años (Véase gráfica 03). De 17 alcaldesas a nivel departamental en el 2015, solo se cuentan para el periodo 2020-2023 con 12 mujeres electas (véase gráfica 04). Las subregiones que sufrieron un mayor descenso en el número de representantes femeninas son Nordeste (-3), Occidente (-2) y Magdalena Medio (-2). En Nordeste se pasó de tener tres Alcaldesas en Santo Domingo, Remedios y Yalí3 a no contar con ninguna. Asimismo, en Occidente se pasó de tener tres alcaldesas en Anzá, Cañasgordas y Frontino, a contar con tan solo una en el municipio de Liborina; y en Magdalena Medio se pasó de tener dos alcaldesas en Puerto Triunfo y Puerto Nare a no contar con ninguna mujer electa para este periodo.

Las subregiones de Urabá y Oriente son, por el contrario, los territorios en los que se registró un mayor aumento de la representación femenina: Urabá pasó de tener una alcaldesa en San Juan de Urabá a tener tres candidatas electas en los Municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá y Mutatá. Oriente, por su parte, pasó de tener una alcaldesa en San Carlos a tres representaciones femeninas en los municipios de Alejandría, Peñol y San Carlos4.

Este retroceso da cuenta, como señala María Emma Wills (2007)5, de un ‘efecto meseta’ en los procesos de paridad de género en el ámbito político, pues las mujeres se ven enfrentadas a su invisibilización en los medios de comunicación, al escaso compromiso de los partidos políticos para la financiación de sus campañas6 y al arraigo de los estereotipos culturales sobre el rol de las mujeres, pues tienen mayor grado de elegibilidad aquellas mujeres con una postura tradicional frente al género. Al respecto, encontramos que en términos de respaldo electoral son los partidos transicionales quienes más brindan avales a las mujeres. Los partidos que aumentaron la inclusión de mujeres en sus candidaturas fueron el Centro Democrático (10) y el Partido AICO (3) respectivamente. Partidos más tradicionales como el Partido Conservador (9) y el Partido Liberal (2) sufren un descenso en sus apoyos a campañas femeninas para el periodo 2020-2023. Resalta en este balance, el número de avales otorgados por movimientos políticos recientes como el Partido ADA (3) y Colombia Justa y Libres (8).

Por su parte, los partidos políticos que se definen como alternativos también disminuyen su apoyo a campañas políticas de mujeres. El Partido MAIS y el Polo Democrático alternativo tan sólo avalaron dos candidaturas femeninas a nivel departamental. Finalmente, es importante señalar el aumento de los avales por parte de coaliciones políticas: para el 2015 solo había 6 candidatas con apoyo mediante coalición, mientras que para el 2019 esta cifra aumentó a 15 (Véase gráfica 05).

Esta relación entre partidos políticos y candidaturas a mujeres nos implica reflexionar alrededor de las estructuras internas de cada partido y sobre las políticas que estos adoptan para la incorporación y la formación de sus militantes. También supone cuestionarnos por el tipo de representación que estas mujeres ejercerán de cara al próximo periodo, pues es la doctrina del partido lo que define, en buena medida, la capacidad de maniobra de sus integrantes. En este sentido, algunas preguntas de cara a los próximos cuatro años son las siguientes: ¿qué tipo de intereses, en clave de género, van a posicionar las candidatas electas? ¿Incluirán dentro de su gestión las agendas ciudadanas de mujeres? ¿Impulsarán una institucionalidad comprometida con las problemáticas de género? ¿Qué porcentaje de presupuesto se habrá de asignar a estas iniciativas?

Finalmente, pese a la variación de la participación y representación política de las mujeres frente al cuatrienio anterior, es importante resaltar que en los últimos 20 años hemos avanzado hacia el posicionamiento de las mujeres en los escenarios de poder7. Sin embargo, después de tres periodos electorales aplicándose la ley de cuotas, aún no logramos que los partidos políticos rompan el techo de cristal, pues si bien la mayoría cumple con el 30% requerido por la ley, esta “inclusión” no se ve reflejada en la elección de mujeres en las distintas corporaciones. En este sentido, el reto para las organizaciones de mujeres y la institucionalidad pública es hacer una mirada evaluativa que permita darle continuidad e impulso a los procesos que se vienen gestando en el departamento alrededor de la participación política de las mujeres. La tarea apenas comienza.

1 Politóloga de la Universidad Nacional. Integrante del equipo Mujeres, Desarrollo y Democracia de CMQC.

2 Politóloga de la Universidad de Antioquia. Integrante del equipo Mujeres, Desarrollo y Democracia de CMQC.

3 En octubre de 2015, las y los Yaliceños eligieron a Raúl Hernández Roldán del Partido Conservador como Alcalde. No obstante, tras su captura en mayo de 2018 por los delitos de peculado y apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos, debió celebrarse en Yalí unas elecciones irregulares. En esta contienda la ganadora fue Sandra Milena Ramírez Pérez, candidata del Partido Conservador elegida como alcaldesa para el resto del periodo.

4 Para el periodo 2016 – 2019 fue designada una mujer en la Alcaldía de Barbosa. También fueron encargadas mujeres en las Alcaldías de Cáceres, Bello, El Bagre y Envigado. Véase: Directorio de Alcaldes de Antioquia.

5 Wills, María Emma (2007). “Inclusión sin representación: la irrupción política de las mujeres en Colombia 1970-2007”. Bogotá: Norma.

6 Según el “Análisis sobre el acceso a recursos para la inclusión efectiva de las mujeres en la política” (2019), realizado por ONU Mujeres y Transparencia por Colombia, entre el 2016 y el 2018 los partidos políticos tan solo asignaron el 3% de los ingresos girados por el Estado para el desarrollo de actividades enfocadas a la inclusión de las mujeres en el proceso político. Estas cifras dan cuenta del escaso compromiso de estas entidades con la paridad de género, así como de la debilidad institucional que existe en Colombia para hacerle seguimiento a estos procesos de asignación presupuestal.

7 Al respecto véase Lesmes, Angélica. (2019) “Participación de la mujer en el escenario político colombiano. Una mirada general a la participación política de la mujer en Colombia” Bogotá: Registraduría Nacional del Estado Civil y Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales.

                                                  

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